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La inseguridad rural en Entre Ríos experimentó un preocupante incremento en las últimas semanas, especialmente por el aumento de delitos de abigeato en determinadas zonas de la provincia. Productores denunciaron la “inacción de la Justicia” ante los reiterados hechos delictivos denunciados.
En respuesta, un centenar de productores y representantes gremiales de la Mesa de Enlace provincial se reunieron el pasado jueves en un establecimiento rural de la localidad de Sir Leonard, en el departamento La Paz, una zona cercana a Bovril considerada foco crítico del abigeato. El encuentro contó con la presencia de autoridades policiales y tuvo como objetivo reclamar “medidas urgentes ante el avance descontrolado del delito rural y la violación permanente de la propiedad privada de los productores”.
Mediante un comunicado conjunto, la filial entrerriana de Federación Agraria Argentina (FAA), el Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) exigieron a los funcionarios judiciales que “cumplan con su deber público, investiguen las innumerables denuncias efectuadas, adopten medidas efectivas para esclarecer los hechos delictivos, impulsen los procesos en tiempo y forma y logren sentencias condenatorias contra los responsables”.
Asimismo, solicitaron el equipamiento “necesario e imprescindible” para la policía rural, con el fin de que pueda desarrollar eficazmente sus tareas de prevención y seguridad. En concreto, pidieron que cada destacamento cuente con drones térmicos y miras nocturnas.
En diálogo con Clarín Rural, Matías Martiarena, director de FAA por Entre Ríos, señaló que aunque los delitos rurales ocurren en toda la provincia, la “zona caliente” que concentra la mayor cantidad de hechos es el área alrededor de Bovril, en La Paz, debido a “una inacción judicial terrible”. Según explicó, en otros departamentos la justicia actúa con mayor celeridad, lo que disuade a los delincuentes, pero “en Bovril es algo totalmente distinto”.
Martiarena agregó que la falta de respuestas ha provocado que “los ladrones están cebados”, lo que se refleja en casos extremos: “Un productor contó que en 10 años le faenaron 130 animales; otro, que desde 2019 sufrió 20 robos; y varios denunciaron la sustracción de entre 15 y 20 animales. Cuando uno va a Bovril entiende que es la zona más caliente, donde la mayoría de los productores dependen de la fiscalía de La Paz”.
Aunque reconoció el trabajo de la policía rural, remarcó que los efectivos “hacen lo que pueden” con los recursos disponibles y urgió a dotarlos de mejor equipamiento. Sin embargo, señaló que “por la inacción judicial, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad son en vano. Eso agota la paciencia de productores y policías, porque ven que la otra parte del Estado no cumple con su responsabilidad, y es ahí donde apuntamos”.
El dirigente describió la realidad que viven los productores en Bovril como “muy compleja”: “A las seis de la tarde empiezan a arrear los animales al corral y prácticamente duermen arriba de ellos. Si un perro ladra de noche, salen a los tiros. Se vive una paranoia que no se logra resolver”.
Por su parte, Maximiliano Müller, vicepresidente de Farer, destacó que uno de los principales problemas es la falta de una fiscalía especializada en delitos rurales, lo que provoca que “cuando llega cualquier otra denuncia, los casos de abigeato quedan cajoneados”. Müller denunció además que “casi ninguna denuncia termina en condena, aunque los delitos estén probados”.
Para ejemplificarlo, relató que la noche anterior a la reunión la policía encontró en Bovril a un hombre con cuchillos y sogas en la mochila, presumiblemente con intenciones de faenar animales en forma ilegal. Sin embargo, tras identificarlo, la fiscalía únicamente ordenó que lo liberen. “Es difícil trabajar así”, concluyó.
